Negocios

Tres razones por las que las pequeñas y medianas empresas deberían automatizar sus cuentas bancarias

Posted on Actualizado enn

  • Siete de cada 10 pequeñas empresas tienen acceso a cuentas de banco
  • Sistemas para la administración de cuentas bancarias mejoran productividad de pymes

top view of man holding android smartphone near macbook and newspaper


Muchas pymes desconocen que una cuenta de banco puede convertirse en un poderoso motor de crecimiento. Más allá de los créditos a los que se tiene acceso a través de ella, se trata del principal eje de la administración de un negocio.

Cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU señalan que el 77% de las empresas pequeñas y cerca del 90% de las medianas en el país tiene acceso a cuentas bancarias.

De acuerdo con los expertos de Aspel, empresa desarrolladora de software administrativo para  pymes, automatizar las cuentas bancarias a través del uso de algún software o aplicación, aumenta la productividad de las empresas, ya que se puede tener claridad de cuánto ingresa realmente y cómo se distribuye el dinero hacia los distintos rubros de la operación.

Las ventajas pueden ser muchas, pero antes de pensar que “eso de la automatización no es para mí”, te damos tres razones para que lo consideres en beneficio de tu negocio:

  1. Facilita el trabajo administrativo: hoy en día, con ayuda de un sistema de control bancario, puedes revisar tu cuenta al momento de emitir un pago o al recibir un cobro, de manera que todo el tiempo tienes visibilidad del saldo. Esto te permite hacer una buena planeación de los gastos para tu negocio y verificar si efectivamente ya te pagaron.
  2. Nunca más olvidarás hacer un pago: la tecnología es un aliado importante y un software de administración bancaria no es la excepción. Por ejemplo, te permite agendar los pagos de servicios (luz, agua, teléfono), la renta, e incluso la nómina. El sistema actualiza el saldo disponible cuando realizas transferencias, emites cheques o recibes pagos de tus clientes. De esta manera aseguras la operación de tu negocio y puedes tener mayor control sobre la liquidez de tu empresa. Adiós a las comisiones por cheques rebotados.
  3. Mejora el flujo de efectivo: Algunos empresarios enfocan sus esfuerzos en aumentar sus ventas para mejorar su rentabilidad, esto resulta inútil cuando olvidan cobrar a tiempo lo que vendieron. Para otros es importante mantener la operación y priorizan los gastos derivados de ella, por lo que en ocasiones pasan por dificultades con el pago de la nómina u otros compromisos. El uso de un sistema de control bancario, te ayuda a tener muy claro cuánto has cobrado y el saldo de tus deudas por vencer, de manera que puedes equilibrar mejor los ingresos contra los egresos.

Aspel tiene sistema de automatización bancaria BANCO, que te permite realizar conciliaciones bancarias con las principales instituciones financieras del país para ver tus movimientos diarios, administrar las transferencias y los cheques que das a tus proveedores, gestionar pagos futuros y hasta saber cuánto debes o cuánto está pendiente por cobrar. De manera adicional, si lo combinas con algunos sistemas administrativos como Aspel SAE (Sistema Administrativo Empresarial) o Aspel COI (Sistema de Contabilidad Integral), podrás consolidar una poderosa solución que hará tus procesos más eficientes y a tu empresa más rentable.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor, 65 de cada 100 nuevas empresas que surgen en México cierran antes de los dos primeros años de vida por errores administrativos. Es común que en los periodos en los que se factura mucho exista la sensación de que se tiene dinero para hacer frente a todos los compromisos y hasta para invertir, pero tu negocio requiere de información objetiva para crecer y eso es lo que este tipo de sistemas te pueden ofrecer.

Mas informacion  Tesoreriaelectronica.com

 

Anuncios

DISCREPANCIA FISCAL, ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?

Posted on

¿Qué sucede cuando la autoridad fiscal encuentra ingresos no declarados por parte de los contribuyentes? Conoce el proceso y las medidas que se siguen ante casos de discrepancia fiscal.

En el mundo de las personas físicas, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) es el ombligo del Procedimiento de la Discrepancia Fiscal, que la autoridad lleva a cabo cuando comprueba que el monto de las erogaciones en un año de calendario fueron superiores a los ingresos declarados por el contribuyente.

 

discrepancia_fiscal

La autoridad considera como erogaciones los gastos, las adquisiciones de bieneslos depósitos en cuentas bancarias, los depósitos en inversiones y los depósitos en tarjetas de crédito.

El monto de las erogaciones antes mencionadas se presumirán como ingresos no declarados, en cuyo caso la autoridad procederá de la siguiente manera:

  1. Los ingresos omitidos los considerará como parte de la Actividad Preponderante del Contribuyente.
  2. En su caso, la autoridad podrá considerar a los préstamos y donativos no declarados que exceden de $ 600,000.00 en lo individual o en su conjunto como Otros Ingresos conforme al capítulo IX del título IV.

Si el contribuyente no se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad fiscal procederá a inscribirlo en régimen de las Personas Fiscas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Las erogaciones a que se refiere el artículo 91 son los detectados por el SAT que el contribuyente no declaró o que fueron declarados en exceso. Se ejemplifica gráficamente de la siguiente forma:

La autoridad podrá utilizar cualquier información que tenga en su poder, llámense expedientes, documentos o bases de datos, así como la proporcionada por terceros o por otras autoridades. Una vez que la autoridad comprueba la discrepancia fiscal, notifica al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la forma y el medio que se utilizaron para determinarlas, así como el monto de la discrepancia fiscal resultante.

El contribuyente contará con un plazo de veinte días para contestar por escrito, adjuntando a esta comunicación las pruebas que considere necesarias para desmentir y soportar que los recursos determinados por la autoridad no constituyen un ingreso gravado.

La autoridad podrá, por una única ocasión, requerir información adicional al contribuyente, en cuyo caso éste contará con un plazo de quince días para contestar y aportar lo que a su derecho le convenga conforme al artículo 53, inciso c), del CFF.

La discrepancia fiscal está tipificada por el Código Fiscal de la Federación como un delito de defraudación fiscal conforme el artículo 109, fracción I, de dicho código. Asimismo, el artículo 108 del CFF define al delito de defraudación fiscal como aquel que con “engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”.

Cuando no sea posible determinar la cuantía de lo defraudado, la pena será de tres meses a seis años de prisión. Las penas podrán disminuirse hasta en un 50% si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición.

Ambos delitos, simulación de operaciones y defraudación fiscal, podrán calificarse según su origen y aumentarán en una mitad más.
Los registros erróneos, la falta de control en el consumo de las tarjetas de crédito, laprestación de las cuentas bancarias propias, el no presentar declaraciones, el no informar al SAT de los ingresos no acumulables como préstamos o donativos, entre otras situaciones, puede colocar al contribuyente en el riesgo de una discrepancia fiscal, la cual está tipificada para personas físicas y para efectos de impuesto sobre la renta.

Es importante mencionar que, al momento de detectar la discrepancia fiscal, la autoridad tomará las erogaciones que la conforman aún y cuando no cumplan requisitos fiscales y estén o no declarados, pues el objetivo de la autoridad no es determinar o encontrar deducciones fiscales, sino determinar la capacidad económica del contribuyente y, por ende, sucapacidad contributiva.

Son distintos los medios por los cuales la autoridad obtiene información, pero sin duda el más efectivo son las instituciones financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, debido a que éstas tienen la obligación de proporcionar información de manera directa o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Cabe hacer mención que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga, de igual manera, a las instituciones financieras a presentar informes a la autoridad competente que sean de ayuda para investigar delitos de defraudación fiscal.

Como vemos, son muchos y diversos los medios por los cuales la autoridad obtiene información, la discrepancia fiscal es un medio para hacer pagar impuestos a aquellos contribuyentes que manejan efectivo. Hoy por hoy el sistema financiero se ha convertido en un sistema de fiscalización y control que nos desnuda ante una autoridad más empoderada de medios electrónicos.

Síguenos en Facebook

CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, ¿CUÁNDO ES PROCEDENTE?

Posted on

¿Sabes quiénes ordenan el congelamiento de cuentas bancarias?, ¿cómo es este proceso y cuánto tiempo dura? Lo revisamos a detalle en esta entrega.

congelar_cuentas_bancarias

Existe una gran controversia respecto a la validez del congelamiento y, como consecuencia, al embargo de las cuentas bancarias de las personas, asimismo hemos escuchado que por órdenes de algunas instituciones se puede solicitar el congelamiento de cualquier tipo de cuenta que radique en una institución bancaria sea de la naturaleza que sea. De hecho, por si ustedes no lo sabían, todos los días se generan peticiones por parte de los tribunales para que esto suceda.

Pero ¿este congelamiento es legal?¿quién está facultado para hacerlo?, ¿cuánto tiempo puede estar así mi cuenta?, ¿existe alguna entidad facultada para hacer el congelamiento de los fondos?, ¿puedo solicitar a mi banco que le sea retirado el congelamiento de los fondos? Puede que haya estas y otras incógnitas, así que daremos una mirada general de lo que sucede alrededor de las mismas.

De acuerdo con nuestra constitución, no se podría realizar un congelamiento de los fondos por el simple hecho de que violan nuestras garantías individuales. Por una parte la confidencialidad de la información de los recursos que están disponibles en cualquier institución bancaria, es decir, que de común acuerdo, y basado en el artículo 31, fracción IV de la CPEM, debe existir legalidad, proporcionalidad, equidad y destino, y que como consecuencia sugiere el bienestar integral de la persona. Lo mismo aplica para una persona moral, debido a que la misma está constituida de personas físicas como tal.

Sin embargo, dentro del Código Fiscal de la Federación (CFF) sí existe una tipificación de congelamiento:

a) Aseguramiento precautorio.
b) Embargo precautorio.
c) Embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución.
d) Inmovilización y transferencia como medio de cobro.

El aseguramiento o embargo aplica cuando se tienen en curso los créditos fiscales en firme y cuando la autoridad hacendaria tengan los procedimientos en ejecución.

¿Cómo se realiza el aseguramiento?

La SHCP (SAT) gira un oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), éstas a su vez hacen del conocimiento de todo el sistema financiero para que sean congeladas las cuentas activas y/o pasivas que residan en su portafolio.

Aunado a lo anterior, no sólo el SAT gira las órdenes, todas las instituciones tienen el “derecho” de solicitarlo siempre y cuando sean válidos los argumentos, por ejemplo, hasta por una desatención en la pensión alimenticia es motivo para solicitar el congelamiento de cuentas, por el hecho de no cumplir con las obligaciones pactadas frente a una autoridad judicial.

Es importante destacar que la institución financiera no es la encargada de comunicar a su cliente del aseguramiento de las cuentas, es responsabilidad de la autoridad que lo haya solicitado, por lo que quedan exoneradas de cualquier tipo de demanda que pudieran realizar los dueños de los recursos.

¿Es posible solicitar la cancelación del congelamiento?

Debemos tener en consideración que la solicitud de cancelación no es posible realizarla en nuestra institución bancaria, la petición jurídica depende de la instancia en donde se haya solicitado. Las solicitudes de cancelación pueden prevenir de:

a) SAT
b) IMSS
c) Infonavit
d) Secretarías de Finanzas locales
e) CFE y Conagua

El congelamiento de la cuenta no tiene una vigencia preestablecida, siempre va a depender de lo que haya solicitado la autoridad y claramente de las respuestas y la oportunidad de respuesta que den las personas y como consecuencia la presunción de inocencia de todas las personas.

Y como complemento, la SCJN invalidó las facultades que tenían las procuradurías para congelar las cuentas bancarias y los activos financieros de sospechosos durante las investigaciones que estén en curso, este es otro golpe a lo que plantean las leyes, pero un beneficio enorme para todas las personas, ya que no hay razón por la cual se puedan inmovilizar recursos propios.

Síguenos en Facebook

CONCEPTOS QUE IMPACTAN LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DE OUTSOURCING

Posted on

En este artículo revisamos los aspectos clave en la regulación de esquemas de outsourcing que se presentan en México, así como los diversos avances en materia conforme la Ley Federal del Trabajo (LFT), la SHCP e IMSS.

 

conceptos_operacion_impactan_outsourcing

Hace un año le dedicamos un par de columnas a los puntos sobresalientes de la regulación aplicable a las empresas de outsourcing, una referente a la Norma Mexicana (NMX-R-086-SCFI-2016), y otra referente a las obligaciones de Prevención de Lavado de dinero; en esas ocasiones dimos a conocer que lo que más le “apuraba” a la autoridad, era tener bajo control a la primera de ellas (la Norma); sin embargo, han pasado más de los días reglamentarios y podemos decir, de manera coloquial, que “aún no hay luz al final del túnel.”

Ésta era, o mejor dicho sigue siendo, uno de los grandes obstáculos para el crecimiento, mantenimiento y estabilidad de este sector que, muy discretamente tiene ya registradas a poco más de 5 millones de personas, una cifra realmente considerable.

El sector afronta muchos retos y responsabilidades, al igual que las empresas que contratan sus servicios. De entrada, y de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT) aún con sus vacíos legales, las empresas de outsourcing deben cumplir con requisitos “cualitativos y cuantitativos”, entre los que destacan:

a) Que los servicios a ser prestados sean especializados (aunque esto quede a libre interpretación, podemos suponer que se refiere a que no pertenece al giro de la compañía, en inglés Core Business o Core Competent, es decir, que no sean servicios equiparables a los que presta la compañía,

b) Que no representen la totalidad de los servicios relacionados con las actividades preponderantes (aquellas que realizan los empleados).

c) Que al igual que el contratante, la empresa en cuestión esté al “corriente” en todos los aspectos legales, específicamente: IMSS, SAR, INFONAVIT, SAT, etcétera.

d) Que la empresa de outsourcing informe a la autoridad quiénes son las empresas a las que les está trasladando el IVA, y por supuesto, el monto. En consecuencia, el cliente debe informar también de esta actividad.

Cabe mencionar que se tiene prevista, como en la aplicación de cualquier otra ley de esta naturaleza, que “amoneste, sancione y genere multas, ya que de esta manera se podrán determinar los casos de contingencia en que pudieran entrar las empresas que no cumplan cabalmente con la información. Además, hay que considerar que lo que impacta en la operación y crecimiento del outsourcing, es la reputación que en términos laborales tienen (y probablemente en algunos casos aplique) con respecto a que se han creado para eludir impuestos, obligaciones y para eliminar los derechos que les corresponden a los trabajadores) por lo que sería necesario volver a formar la filosofía acerca de que fueron creadas con el único propósito de “contar con servicios especializados y gestionar proyectos temporales”.

También es importante mencionar que, a finales del año pasado, a alguien en el Senado se le ocurrió presentar una iniciativa que “pretende eliminar, vía fast track, las restricciones de contratación por parte de las empresas de outsourcing”, lo que significa que los empleados de una compañía pueden ser administrados por el outsourcing, con lo que podrían quedar eliminados los otros dos postulados. Podemos suponer que dicha modificación “ha sido platicada y acordada” con todos los integrantes y afectados, ya que se tiene planeada su publicación para finales de este mes de febrero del año en curso.

De ser así, quedarían como únicos requisitos para las empresas outsourcing: estar dadas de alta ante la SHCP y ante el IMSS, lo que libera al “patrón original” del seguimiento a su “terciarizacion”, por lo que sólo quedaría como obligación de cumplimiento en los 5 ejes planteados: laboral, seguridad social, salud, medio ambiente y fiscal, a la outsourcing, además de que quedaría en el aire un punto importante y que no se ha descrito, lo referente a la prevención del lavado de dinero.

Es importante recalcar que nada está definido todavía y que aún falta que esto se formalice y se contextualice dentro del marco de la LFT, éstas son las disposiciones adicionales que deberán formularse para que sea una realidad, y no se queden desprotegidos, ninguno de los tres involucrados: patrón, tercero y trabajador.

Síguenos en Facebook

AUDITORÍAS ELECTRÓNICAS: ALCANCES PARA 2018

Posted on

Conoce los aspectos más relevantes que aplican para este año en materia de revisiones electrónicas.

 

auditorias_electrónicaS_2018

En septiembre de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio el banderazo de salida para iniciar con las primeras auditorías de fiscalización por medios electrónicos. Fue en ese mismo ejercicio cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoció la constitucionalidad de las revisiones electrónicas vía buzón tributario, con lo que se obligaba al SAT a emitir una liquidación definitiva, fundada y motivada.

En este orden de ideas, es importante revisar los lineamientos para el desarrollo de las revisiones electrónicas señalados en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y abordar uno o más rubros o conceptos específicos correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que no se hayan revisado anteriormente. Se enlistan a continuación.

I. Resolución provisional. Las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades a través de una resolución provisional que, en su caso, contenga la preliquidación respectiva, esto sustentado con la información y documentación que obre en su poder.

II. Plazo para desvirtuar irregularidades. En dicha resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

En caso de que el contribuyente acepte la preliquidación por los hechos que se hicieron de su conocimiento, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

III. Segundo requerimiento o solicitud de información a terceros. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente dentro del plazo de los diez días siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo que suspenderá el plazo señalado en la fracción IV, primer párrafo de este artículo (plazo para emitir la resolución).

b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, desde el día en que se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción IV (plazo para emitir la resolución), situación que deberá notificarse al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior, supuesto en el cual el plazo no podrá exceder de dos años.

Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo.

IV. Resolución. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente.

Finalmente, es recomendable evaluar la posibilidad de solicitar un acuerdo conclusivo en términos del artículo 69-C del CFF ante la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente (Prodecon), esto le permitirá al contribuyente solicitar la suspensión temporal de la auditoría y tener una mesa de trabajo con la autoridad fiscal sin llegar a la fase contenciosa, esto le permitirá ganar tiempo para preparar las pruebas y los documentos que desvirtúen irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. Con el acuerdo conclusivo el contribuyente podría obtener un descuento de hasta el 100% en multas.

Es importante considerar que un acuerdo conclusivo solo podrá solicitarse si el SAT no ha notificado legalmente el crédito fiscal.

Síguenos en Facebook